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LatinoamericaColombia, cannabis medicinal: una luz en los tiempos oscuros del covid-19

junio 24, 20200

El catastrófico covid-19 ha traído consigo una de las crisis sociales y económicas más grandes en la historia de diversos países a nivel mundial. En Colombia, por ejemplo, ha causado más de 2.400 muertes con aproximadamente 73.000 casos confirmados y una tasa de desempleo superior al 12,9%, según un informe publicado por el Dane.

Sin embargo, el negocio del cannabis medicinal no se detiene y, por el contrario, durante estos tiempos difíciles ha logrado avances significativos en materia de exportación, desarrollo tecnológico y comercialización de productos.

A comienzos de marzo, la industria dio a conocer la aprobación del registro sanitario para el producto Neviot como primer medicamento colombiano hecho a base de cannabis para el tratamiento de pacientes que padecen de diversos tipos de epilepsia.

Luego de ello, durante el mes de abril, se hizo pública la venta de medicamentos (preparaciones magistrales) de cannabis bajo fórmula médica para el tratamiento del dolor. Lo anterior, siguiendo con los lineamientos planteados a través de la Resolución No. 315 de 2020, mediante la cual se otorgó vía libre a la comercialización de este tipo de productos.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia aprobó la primera exportación de semillas de cannabis con destino a Estados Unidos, lo que marcó un hito contundente en pro del promisorio futuro que se vislumbra para esta industria.

Así mismo, como si fuera poco, el pasado 1 de junio se hizo el lanzamiento oficial de la famosa plataforma MICC, que por su sigla traduce: “Mecanismo de Información para el Control de Cannabis”. Lo anterior resulta en uno de los avances más importantes que se han presentado en la industria desde hace un par de años.

En efecto, lo que se busca a través de aquella es que sea el mecanismo electrónico único e idóneo para realizar trámites, consultas, enviar reportes y demás temas relacionados con el negocio. Su implementación no solo demuestra el interés del Gobierno nacional en el sector, sino los altos niveles de calidad que serán implementados para asegurar un beneficioso futuro.

Con estos importantes desarrollos en la industria, durante tiempos tan turbulentos, surge la siguiente inquietud: ¿será el cannabis la solución emergente e idónea para la estabilidad económica del país?

Según miembros y compañías de la industria, es el momento para demostrar que Colombia cuenta con toda la capacidad, desarrollo y potencial para ser pilar y actor fundamental dentro de una industria sobre la cual se espera un crecimiento mundial superior a los US$166.000 millones de dólares para el año 2025, según estimaciones divulgadas por Forbes.

No en vano recientemente fue publicada la intención de la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Hacienda, de implementar un sistema de producción y venta de cannabis medicinal controlado por la entidad gubernamental. Para ello, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) será la empresa pública que hará los estudios económicos correspondientes con el fin de adelantar la posterior producción y comercialización del producto dentro del territorio nacional.

Con esto, vemos que la industria del cannabis medicinal no resulta un tema de interés exclusivamente privado, sino que, cada vez más, las entidades gubernamentales del país se encuentran interesadas en el desarrollo y gestión de esta promisoria industria local.

Ahora bien, para que lo anterior sea un objetivo alcanzable a corto plazo, será imprescindible que el Gobierno y los diferentes actores de la industria sumen los esfuerzos necesarios con el fin de garantizar una apertura de las inmensas barreras de entrada asociadas a los interminables trámites exigidos, a los altos costos, a los tiempos de respuesta y, en especial, a las excepciones morales con las cuales siguen catalogando a una industria que, si bien tiene que ver con un commodity —eventualmente, con efectos psicoactivos en el ser humano—, lo que busca, al final, es el tratamiento médico del consumidor final.

Para ello, será necesario implementar planes de socialización, educación y regulación macro de la industria. Esto último no necesariamente implica una mayor cantidad de trámites; por el contrario, la idea debe ser regular a tal punto que los actores involucrados puedan sentir ese acompañamiento y control generando confianza, estabilidad y facilidad para adelantar las líneas de negocio propias de la cadena productiva de la planta.

Una de las críticas más recurrentes es la incertidumbre jurídica, política y social en la que se encuentran las empresas de la industria. En efecto, muchas de las compañías han manifestado su inconformidad con respecto a la carga impositiva por parte del Gobierno para el sector: son realmente altos los costos asociados a pagos para obtener licencias, permisos, impuestos al consumo de cannabis (INCC), pero no se puede apreciar el retorno por parte del Gobierno; los tiempos de respuesta no mejoran, y no existe una completa socialización sobre los avances y destinación del dinero recaudado.

Este tema, sin duda, es complejo, ya que afecta directamente la competitividad del sector a nivel país de una forma sustancial. Para ello, el rumbo a tomar será la completa socialización y educación al respecto, así como la efectiva implementación de políticas que conduzcan a mejoras en los puntos neurálgicos aquejados por la industria.

Así las cosas, lo anterior es un punto que definitivamente debe tenerse en cuenta para la expedición de la nueva regulación que está en discusión por parte de las entidades involucradas. Según miembros del sector, incluyendo funcionarios de las entidades gubernamentales, la nueva regulación está muy cerca de ser expedida. Por esa razón, se debe asegurar que esta, si bien podría imponer obligaciones adicionales para los licenciatarios, debería también recoger las preocupaciones y/o propuestas de los empresarios y el sector.

Sin duda, es un momento crucial para una fascinante industria que se encuentra ad portas de una nueva regulación. Sobre este nuevo Decreto a ser implementado se espera una completa socialización y promoción; de lo contrario, seguirán existiendo los vacíos jurídicos, la falta de interpretación y conocimiento y, lastimosamente, la estigmatización social con la que continuamente convive la industria. Resulta crucial no perder el impulso alcanzado durante los últimos meses para, con ello, echar a andar ese sueño de consolidar una industria local, estable y duradera que contribuya paralelamente con el crecimiento económico, social y agroindustrial del país.

Fuente: dinero

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