Latinoamerica

Legalización y regulación de la marihuana

Salud pública. A nivel internacional creció el consenso acerca del fracaso del abordaje prohibicionista de las drogas.

A nivel internacional creció en la última década el consenso acerca del fracaso del abordaje prohibicionista de las drogas en todo su espectro. Han crecido y se han multiplicado organizaciones criminales que lucran con uno de los principales negocios del mundo. Se han visibilizado aún más las amenazas que estas organizaciones significan para los ciudadanos y gobiernos: corrupción, violencia, inseguridad. No se ha obtenido avances en el control de la demanda de drogas, sino que contrariamente han aumentado los consumos problemáticos y los daños asociados al mismo, incluidas las detenciones a los simples consumidores. Se ha diversificado el mercado de las drogas, su toxicidad y adulteración.

En Argentina sigue vigente la penalización de la tenencia para consumo personal, la demonización de “las drogas” con la consecuente maximización de daños para los que las consumen en situación de clandestinidad y posible persecución policial y penal y una percepción social del tema en la opinión pública que continúa asociándolo más a la agenda de seguridad que a la de salud pública.

El movimiento internacional que propone la reforma de las políticas de drogas empezó en los últimos años a cambiar el eje de la propuesta antiprohibicionista en torno a la marihuana. Regular es sujetar a las reglas. La propuesta de regulación de la marihuana se refiere a crear, aprobar y ejecutar normas relativas a la marihuana, controlar su cumplimiento por los sectores involucrados y sancionar su incumplimiento. Se trata de transmitir a las sociedades modernas en primer lugar la lógica del control estatal del tema y de la marihuana como asunto de salud pública. Es lo que hizo Uruguay, país pionero en el mundo en instalar en manos del Estado el control tanto de la producción como de la comercialización y consumo adulto, sumando de esta manera a la legalización, la regulación y las medidas de restricción para el acceso a la marihuana.

Se trata de un nuevo modelo que propone cambiar el estatus legal del cannabis, inspirado en las legislaciones de Uruguay, Canadá y algunos estados norteamericanos. Este modelo permite al Estado regular un mercado y así abordar una arista del narcotráfico. El mercado clandestino genera costos a la salud y seguridad de los ciudadanos, consuman o no marihuana, y lo hagan con fines recreativos o medicinales.

Uruguay fue el primer país en regular el mercado del cannabis y determinar así la cantidad que se puede comprar y cultivar y la composición de la sustancia. Canadá legalizó la marihuana para uso recreativo en octubre de 2018. En la escala de los grises quedó el modelo de los Países Bajos, hasta la década pasada el modelo más progresista. Desde los años 70 los Países Bajos permiten la venta y consumo de haschich y marihuana en coffee-shops (máximo cinco gramos por persona), pero el cultivo y comercialización fuera de los coffee-shops continúan siendo ilegales y penalizados, por lo cual toda la marihuana procede del mercado negro.

Este modelo regulatorio en Argentina resolvería las deficiencias de la ley 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal que no legaliza el autocultivo, ni siquiera el uso medicinal en multiplicidad de patologías, reduciendo algunos de los problemas de la ley 23.737, al menos forzando su adecuación en los casos de cultivo y consumo de marihuana.

Siendo la sustancia legal, el ciudadano mayor de edad podría cultivarla o consumirla dentro de lo reglamentado: en cuanto —entre otras cuestiones— a cantidad, lugar de consumo, calidad controlada por el Estado en cuanto a concentraciones de THC y etiquetado.

Argentina en 2019 es escenario de algo innovador: más de cuarenta organizaciones coinciden en un Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. A treinta años de la sanción de la ley de estupefacientes 23.737 -el mejor analizador del fracaso del abordaje tradicional punitivo-y a diez años del fallo Arriola de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. El acuerdo se plasmará en un proyecto de ley sin antecedentes en la historia de los intentos de reforma de la política legislativa argentina en materia de drogas desde la sociedad civil. Ilustra cómo instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos, reducción de daños, cannábicas, y otras, coinciden en impulsar el debate para la regulación para personas mayores de 18 años basada en el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos.

En el acuerdo hablar de cannabis permite a esta sustancia recuperar la dignidad pérdida cuando en los inicios de la prohibición en EEUU se la asociara con la población inmigrante mexicana (marijuana) en clave de racismo y estigmatización. Si la dejamos de demonizar sin duda será más fácil abordarla y controlarla.

En Argentina para ciertos sectores hablar de despenalizar la tenencia para consumo personal de todas las drogas encuentra el límite de la toxicidad de algunas drogas, su potencial adictivo. Además, para muchos argentinos la marihuana no es percibida como droga, sino asociada a un uso ocasional y recreativo. El fenómeno mediático de la “salida del armario” de personajes públicos que reconocen haber probado la marihuana o consumirla nos revela que el nivel de tolerancia social al consumo de marihuana no es equiparable a otras drogas. Los argumentos de la vetusta “teoría de la escalada” que enunciaba que la marihuana era droga de inicio para el consumo de otras drogas no han logrado sustento científico. Los beneficios del uso medicinal de la marihuana se han socializado junto a la expansión del autocultivo y las redes de elaboración y venta clandestina de los aceites a pesar de que la ley argentina 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal no los legaliza, ni legitima.

Fuente:https://www.lacapital.com.ar/

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